miércoles, 20 de enero de 2016

UNA DE AGRAVIOS, LENGUAS Y BORREGOS


Bajo el argumento de la defensa de las lenguas de ciertas regiones de España, así como de sus identidades culturales tras la Transición o, mejor dicho "transacción", aparecieron en el panorama español una serie de agravios respecto a otras regiones los cuales, por pasar ampliamente desapercibidos para muchos, no dejan de merecer un análisis enfocado al estudio de los mismos, así como sobre la borregada en los que se sustentan y les dan razón de ser. Fruto de mentes ignorantes, lavadas por el discurso de desaprensivos partidos políticos conocedores de que sus borregos harán suyo cualquier alimento que les dispensen, por muy defectuoso e insalubre que esté, pues no es del borrego analizar lo que come.

Lo que antes eran regiones que garantizaban los mismos derechos a todos los españoles en toda España, se convirtieron en "comunidades autónomas", con sus propias normativas y excepciones, y cuyos estatutos reconocen, en el caso de Euskadi, Cataluña, Galicia, Valencia y Baleares, el derecho al uso y enseñanza de su propia lengua, convirtiéndolas, de hecho, en co-oficiales en sus respectivas comunidades. Hasta aquí nada que objetar. Cada región, lógicamente, tiene derecho a promover, en su ámbito geográfico, sus propias señas culturales incluyendo sus peculiaridades lingüísticas. Aunque para ello ni siquiera hubiesen hecho falta crear 17 Estados dentro del Estado.  Y es que en España, los experimentos no se hacen con "gaseosa", sino con la pólvora de los sentimientos.

En aquella repartición del reino entre los segundones sin "destino" de los partidos, traducida en el hoy más de manifiesto que nunca "café para todos", se fraguó el sin sentido al que han llegado hoy algunas de las autonomías. Las cuales, amparadas en el derecho que les otorga la Constitución, se arrogan el derecho a vulnerarla, haciendo un sayo de su taifas y un corte de manga al resto, con el beneplácito y, a menudo, entusiasmo de sus súbditos.

Hoy en España, estas cinco autonomías vulneran, bajo el legítimo interés de la defensa y uso de su lengua, los principales derechos promulgados en dicha Constitución que les da razón de ser, dentro del todo llamado España, discriminando y agraviando a españoles residentes o provenientes de otras autonomías. Amén de que todas, igualmente, discriminan al resto respectivamente, por otros motivos. Tales como, por ejemplo, el tiempo de residencia en las mismas. Así, no tienen los mismos derechos todos los españoles en dichas comunidades si no llevan un mínimo de tiempo empadronados en ellas. Esta circunstancia se repite por cientos si la aplicamos al ámbito local, donde cada municipio impone un período de residencia en él, para acceder a subvenciones, ayudas sociales, subsidios o a la participación en igualdad de condiciones u oposición a un puesto de trabajo en la administración municipal. Ello a pesar de que la propia Constitución reconoce a todos los españoles los mismos derechos en toda la geografía nacional.

Desde luego, para preservar sus señas culturales no hacía falta crear 17 autonomías, con sus correspondientes parlamentos propios, pagados por todos los españoles (eso sí: sin distinción de autonomía de procedencia), que agravian, además, al resto con la imposición del conocimiento de su lengua como baremo a puntuar para el acceso a un puesto en sus administraciones (pagadas proporcionalmente por todos, no sólo por los oriundos), algo insólito en un país que no está federado sino que los impuestos de todos se reparten entre el resto.

Al contrario, por ejemplo, de Canadá (donde existen dos lenguas oficiales en todo el territorio: el francés e el inglés), en España, por más que se empeñen los impresentables autores de sus desatinos, sólo existe una lengua oficial en todo, todo el territorio de la Nación: el español o castellano. El hecho de que en estas cinco autonomías existan otras lenguas co-oficiales, por obra y gracia del capricho de los partidos, no quita que sea el español la única lengua oficial, que rija en el ámbito de la administración como forma de relacionarse el Estado y sus organismos, ante sus administrados, a cualquiera de los efectos, incluido el laboral en lo público.Puesto que, de lo contrario, tal principio de igualdad de todos en toda España, se atropella, como de hecho se está vulnerando de facto en la actualidad, a causa de la inclusión de la lengua como baremo de puntuación para el acceso a un puesto en sus administraciones, agraviando al resto de los españoles de otras comunidades donde no existe lengua co-oficial y, por tanto, no supone ninguna discriminación al resto de españoles. Puesto que, tampoco hemos de olvidar que todos los españoles tenemos el derecho a establecer nuestra residencia en cualquier parte del territorio nacional, sin que ello suponga ninguna merma en sus derechos. Pero el desatino va más lejos aún, pues no sólo se hace necesario el conocimiento de dichas lenguas, sino, además, acreditar mediante documento acreditativo, haber superado (previo pago de tasas de examen) las pruebas correspondientes oficiales a los niveles exigidos para baremar a tal acceso al puesto de trabajo en cuestión.

Es como si a Andalucía se le ocurriera, y tal vez debería plantearlo en desagravio, que todo aquel español que quiera concurrir a oposiciones en su región, deba ser experto en el conocimiento del flamenco y sus diferentes variantes artísticas, además. En una situación tal que en Andalucía enseñaran el flamenco desde lustros en sus escuelas, en contra del resto de comunidades donde no se diera esta práctica.

La excusa de gran parte del rebaño residente en dichas comunidades, se basa en que es lógico que se establezca dicha exigencia, pues dicen tener derecho a que en su comunidad se expresen en su lengua co-oficial ante la administración, de ahí la necesidad de tener empleados públicos que sean conocedores de ellas. Una falacia pues, independientemente de que tengan todo el derecho del mundo a ejercer la lengua de preferencia que quieran, en su casa o en la calle; la obligación del Estado y de sus administraciones adláteres es la de atenderles en castellano, así como la de ellos la de expresarse en dicha lengua (única oficial en toda España a niveles administrativos), si quieren ser atendidos. O sea, es precisamente lo contrario.

Otra cosa es que a niveles lúdicos, festivos, tradicionales, culturales, sociales públicos y/o privados hagan el uso que quieran de su lengua que prefieran, sin que olviden que, generalmente, los promovidos en dichos ámbitos por sus administraciones son pagados por todos los españoles, no sólo por los parlantes o residentes en su comunidad. Por lo demás, por mí, como si en dichas comunidades quieren hablar el chino como lengua co-co-oficial también de paso. Puesto que, que yo sepa, por esa misma regla de tres, hoy cualquier diputado europeo debería conocer las 27 lenguas oficiales que operan en la UE, cuando la totalidad de ellos no conocen, no ya ninguna de ellas, sino ni siquiera la suya propia. Y a ninguno se les obliga a aprendérselas todas para trabajar en dicho parlamento representando a quienes les han votado.
 

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