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El 44% de los españoles vive en municipios costeros, el 25% del litoral de algunas regiones es artificial y ya hay 416 campos de golf en España. Es posible que ninguno de estos datos parezca demasiado preocupante... hasta que uno lee el último informe de Greenpeace: Destrucción a toda costa.
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2010-07-17
D. SORIANO
La organización ecologista Greenpeace ha presentado este viernes en Madrid su último informe sobre el estado del litoral marítimo español, Destrucción a toda costa (aunque no se aclara de qué tipo de destrucción se trata). En su opinión, en las últimas décadas se han cometido numerosos "desmanes" que tienen que ver con la construcción, el turismo o las infraestructuras.
El problema es que para apoyar sus conclusiones utiliza algunos argumentos ciertamente peculiares, que parecen ir dirigidos más contra la riqueza generada en España en los últimos cincuenta años que contra supuestos daños al medioambiente.
Población y urbanismo
La primera cifra que aparece en el resumen de la página 18 del estudio nos informa de que el 44% de la población vive en municipios costeros. Como está cerca de otros muchos datos que son claramente criticados por Greenpeace, hay que suponer que a la organización ecologista le molesta que tantos españoles vivan cerca del mar. Algo habitual a lo largo de la historia de la humanidad -casi todas las grandes civilizaciones se han desarrollado cerca del mar, porque facilita el comercio y ofrece un clima más benigno- incomoda a Greenpeace, que contrapone ese 44% con el 7% del territorio que ocupan los términos municipales de estas ciudades y pueblos.
Además, esta denuncia es perfectamente coherente con las soluciones que ofrece Greenpeace al supuesto problema de la costa española. En la página 162, la organización pide que se prohíba "toda construcción a menos de 500 metros del litoral fuera de las zonas urbanas". Claro, que hubo un momento en que todo el litoral era zona no urbana. Con los criterios de Greenpeace, la mayor parte de La Coruña, Cádiz o San Sebastián nunca se hubiera edificado. Por alguna razón que no explican, a los ecologistas no les molestan las construcciones cercanas al mar anteriores a 1950, pero sí las posteriores.
Según los autores del informe, el motor económico de la construcción "ha robado" el equivalente a tres campos de fútbol al día. La causa de todo esto es la "gran afluencia de turistas (el 80% de los 60 millones de visitantes de España eligen la costa) y las actividades económicas que generan el masivo uso y ocupación de esta estrecha franja".
Que los extranjeros que vienen a España también visiten la costa parece lógico, pero tampoco gusta a Greenpeace. Por eso, denuncia que "el 25% del litoral es costa artificial" (es decir, que hay pueblos, carreteras, paseos marítimos o construcciones aisladas) y el "60% de las playas están en entornos ya urbanizados", pero en ninguna parte aclara qué tiene esto de malo o cuál es el porcentaje que haría de la costa española un lugar bien cuidado.
Turismo: ¿un mal negocio?
Denunciar el turismo de forma frontal quizá no sea políticamente muy correcto en un país en el que un alto porcentaje de su población por lo que Greenpeace ataca la rentabilidad económica de la actividad. De esta manera, asegura que "en 2007, la industria turística acumulaba su sexto año consecutivo de descenso de ingresos; a pesar de eso, ese año se proyectó la construcción de 202.500 nuevas plazas hoteleras". Evidentemente, no todos los empresarios hoteleros tienen éxito ni todas las inversiones obtienen beneficios, pero resulta extraño que una industria que Greenpeace asegura que cada año tenía menos ingresos ofreciera más puestos de trabajo en cada temporada.
En cualquier caso, si lo que dice la organización ecologista es verdad, debería estar tranquila, si cada vez vienen menos turistas debido a la "saturación de la línea costera", los empresarios dejarán de construir hoteles o, incluso, cerrarán los ya existentes.
Más urbanización que población
En la misma línea, Greenpeace denuncia que "entre 1990 y 2000 la población española creció un 5%, mientras que la urbanización lo hacía un 25%", lo que probaría que muchos empresarios hacían casas para ¿no venderlas?. Lo cierto es que leyendo el documento no queda clara la motivación que hay detrás de este frenesí constructivo.
Es evidente que en las última década ha habido un exceso de inversión en el sector de la construcción, un fenómeno impulsado fundamentalmente por organismos públicos: desde el Banco Central Europeo con sus artificiales bajos tipos de interés, a las cajas de ahorro, con su componendas crediticias, pasando por los ayuntamientos, que han explotado la gallina de los huevos de oro de las recalificaciones. De hecho, ahora mismo hay muchas empresas que están sufriendo sus malas inversiones de los últimos años.
Sin embargo, en su mayor parte, el exceso constructivo respecto al crecimiento de población se debe a dos causas: que muchos españoles han accedido a una segunda vivienda y que numerosos extranjeros se han comprado una casa de veraneo en España. Greenpeace no dice si está mal que a la mayoría de la población le guste veranear en el mar, pero no parece que la idea le haga demasiada gracia, aunque no explica por qué.
El deporte: sospechoso
En el apartado dedicado al turismo, Greenpeace guarda unos párrafos especiales para dos de sus tradicionales bestias negras: el golf y los puertos deportivos. Dos actividades que hasta ahora eran coto de las clases altas se han popularizado mucho en las últimas décadas, lo que ha provocado que se hayan construido numerosos campos de golf y atraques para embarcaciones de recreo.
En el primer caso, los ecologistas denuncian que un recorrido de 18 hoyos necesita hasta "medio millón de metros cúbicos de agua al año, lo mismo que una población de 10.000 habitantes". No aclaran por qué esto es malo o qué usos deben prevalecer sobre los campos de golf, ni tampoco se explica que la gran mayoría de los campos tienen lagos propios de donde sacan el agua de riego y que ésta debe ser no potable.
Las soluciones
Entre todas estas cuestiones, Greenpeace incluye algunas denuncias acertadas acerca del "dinero público destinado en los últimos años a sostener el sector inmobiliario" y la corrupción generada en ayuntamientos y otras administraciones por la burbuja urbanística. Sin embargo, la visión de estos dos fenómenos no lleva a los autores del informe a pedir la solución que mejor solventaría ambos problemas: la retirada de las competencias municipales en todo lo que tenga que ver con la construcción (desde la otorgación de licencias a límites de edificación, pasando por los peculiares criterios artísticos del arquitecto municipal) y la liberalización del suelo.
La libertad de los propietarios del suelo para edificar en sus terrenos no está entre los objetivos de Greenpeace que, como solución, pide "incorporar códigos de buen gobierno a las administraciones públicas, una Ley de Responsabilidad Patrimonial para los políticos, una Ley de Acceso a la Información Pública y establecer una agencia de vigilancia". Además, exige una "estrategia de sostenibilidad de la costa, un fortalecimiento de los planes para luchar contra la contaminación y la prohibición de los macrocomplejos hoteleros y de las urbanizaciones masivas".
Es decir, más leyes, más burocracia, menos libertad y menos propiedad privada: como si todas las normas que ha habido hasta ahora no hubieran existido nunca y no hubieran provocado, precisamente, los peores resultados de un fenómeno que, en general ha traído a España riqueza, prosperidad y bienestar.
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